‘Excélsior’ atestiguó las consecuencias del éxodo masivo, la crisis alimentaria y el alto número de muertos en territorio sudanés por diversos conflictos.

[Excélsior, 17 abr 12] ADÍS ABEBA, ETIOPÍA – La cobertura de los medios internacionales ha sido muy intensa en Siria, donde los combates entre las fuerzas armadas del presidente Bashar al-Assad y los insurgentes del Ejército Libre de Siria han dejado arriba de 10 mil muertos y decenas de miles de desplazados internos y refugiados en campamentos de Líbano, Jordania y Turquía.

Sin embargo, a unos 2 mil 500 kilómetros al sur se vive un conflicto armado que no ha merecido el mismo espacio en medios pero que está teniendo consecuencias probablemente más graves desde el punto de vista humanitario: la lucha entre el régimen de Sudán y un grupo rebelde en la franja fronteriza entre ese país y la nueva República de Sudán del Sur.

Los combates, que comenzaron en junio pasado, en vísperas de la consumación de la independencia de ese último país, han dejado un número indeterminado de muertos y cerca de medio millón de desplazados.

Varios miles de sudaneses afectados por la campaña militar del gobierno —que ha incluido el bombardeo de aldeas en la región de los Montes Nuba— han buscado refugio en Sudán del Sur y Etiopía, donde la ONU ha tenido que crear campamentos.

Expertos en la cuestión sudanesa, como el académico Eric Reeves, del Smith College, y el activista John Prendergast, de la organización no gubernamental Enough, no han dudado en calificar la ofensiva militar sudanesa como un acto de genocidio, que utiliza el hambre como arma.

“Un grupo enorme de personas —al que ha hecho blanco de sus ataques el gobierno de Jartum a causa de su origen étnico, la tierra rica en la que vive y su resistencia a la dictadura— ha sido bombardeado, violado, secuestrado y hambreado de manera serial”, escribió Prendergast la semana pasada, en un artículo para la revista Time, del que fue coautor el actor y director de cine George Clooney, quien ha documentado estos hechos de violencia y los ha denunciado ante el Senado estadunidense.

Efectivamente, el conflicto también ha provocado una crisis alimentaria, reconocida desde el año pasado por el Programa Mundial de Alimentos, que ha visto interrumpidos sus esfuerzos de asistencia en la zona.

De hecho, a partir de que lanzó sus ataques hace diez meses, el gobierno sudanés ha impedido el acceso de ayuda humanitaria y ha rechazado los ofrecimientos conjuntos que han hecho la ONU, la Unión Africana y la Liga Árabe para entregar alimentos en la zona.

Organizaciones internacionales como Oxfam han advertido que la crisis humanitaria en la zona podría empeorar ahora que comience la temporada de lluvias, porque dejará aisladas a comunidades cuyos ciclos agrícolas se han visto afectadas por el conflicto armado, igual que a las personas que se han refugiado en zonas remotas para huir de los combates.

Peor aún, las actuales tensiones entre Sudán y Sudán del Sur, que están al borde de una guerra por desacuerdos sobre límites fronterizos y el control de zonas petroleras, podrían escalar el sufrimiento de millones de personas que viven de uno y otro lado de la frontera común.

El proceso de separación de ambas naciones, concretado el año pasado, ha sido traumático. Primero, por las dos guerras civiles que pelearon el norte árabe y el sur negro (entre 1955 y 1972 y entre 1983 y 2005). Se calcula que en ambos conflictos murieron 2.5 millones de sudaneses, y que entre 4 y 5 millones fueron desplazados de sus hogares.

Pero las consecuencias del enfrentamiento han continuado incluso tras la firma del Acuerdo General de Paz entre ambas partes, en enero de 2005, que no dejó resueltas muchas de las disputas políticas, económicas y étnicas que condujeron a la secesión del sur.

No acababa de concretarse la independencia negociada de Sudán del Sur —que formalmente se dio el 9 de julio pasado— cuando se desató una cadena de conflictos entre el gobierno de Jartum y tres regiones que se encuentran al norte de la nueva frontera: Abyei, Kordofán del Sur y Nilo Azul.

En los tres casos, se trata de zonas donde convergen poblaciones árabes y negras y que no fueron incluidas en el proceso de consulta para decidir la secesión entre el norte y el sur del Sudán.

Las diferencias entre ambas regiones remontan al siglo VII, cuando las fes islámica y cristiana se extendieron por el norte y el centro de África. Eventualmente los conquistadores árabes y los nubios que ya estaban asentados en la ribera del Nilo firmaron un acuerdo de paz que duraría varios siglos y haría posible la convivencia pacífica y el comercio en la zona.

Se puede decir que el origen del conflicto es la decisión del gobierno colonial —Gran Bretaña controló Sudán de manera conjunta con Egipto entre 1899 y 1956— de unir dos territorios geográfica y culturalmente distintos bajo un mismo mandato, lo que dio lugar a un dominio del norte sobre el sur.

Con la independencia de Sudán, el sur negro cristiano fue marginado y sometido a un proceso de arabización e islamización. La primera guerra civil terminó con un acuerdo para la administración autónoma de sur, pero el incumplimiento de lo pactado dio lugar a una segunda guerra civil, con resultados mucho más catastróficos que la primera.

De manera simultánea con el conflicto entre el norte y el sur, la población negra de Darfur, en el occidente de Sudán, vivió un proceso de marginación y dominación semejante por parte de Jartum, que fue exacerbado por las ambiciones expansionistas del líder libio Muammar Gadhafi, interesado en tener influencia en Chad y Sudán.

En 1968, el Banco Mundial apoyó al gobierno sudanés en un proyecto de agricultura mecanizada que trastocó la convivencia milenaria entre árabes y negros en la fértil región de los Montes Nuba, en el centro de lo que era entonces Sudán. Tierras que la población local dejaba sin cultivar para no afectar su productividad —un sistema tradicional que había perdurado por varios siglos— fueron asignados a poderosas figuras de Jartum.

La sequía en el norte y el occidente del país también atrajo a la zona a pastores nómadas beduinos, conocidos como baggara, quienes también entraron en disputa por la tierra. Los baggara fueron armados por Jartum para apoyar su política de apropiación de zonas de cultivo, así como para enfrentar a los rebeldes del Ejército para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA), la guerrilla sureña que luchaba por la independencia de la región e hizo su aparición en los Montes Nuba en julio de 1985.

Durante la segunda guerra civil sudanesa (1983-2005), la población nubia quedó atrapada en el conflicto. Muchos nubios participaron en la lucha armada en apoyo de las demandas del sur. En represalia, el régimen de Jartum cometió severas violaciones a los derechos humanos en la zona, particularmente durante la década de los 90.

La provincia de Kordofán del Sur no fue incluida entre las regiones donde se llevaría a cabo un referéndum para decidir si continuaban perteneciendo a Sudán o se incorporaban al nuevo Estado formado en el sur, como estipulaba el Acuerdo General de Paz de 2005. En los hechos, lo mismo en Abyei, donde no hubo acuerdo sobre quiénes podían participar en el referéndum, pues el norte insistió en que la población árabe nómada fuera incluida, cosa a la que se opuso la etnia ngok dinka asentada en la zona.

Y aun antes de que se venciera el plazo para que el SPLA se desarmara al norte de la nueva frontera, el gobierno de Jartum decidió hacer manifiesta su autoridad por la fuerza.

El 5 de junio de 2011 —un mes antes del vencimiento del plazo—, la fuerza aérea sudanesa comenzó a bombardear posiciones del SPLA en Kordofán del Sur. Los ataques se ampliaron contra pueblos de los Montes Nuba sospechosos de apoyar a los rebeldes, quienes cambiaron su nombre por SPLA/Norte luego de la independencia de Sudán del Sur.

Antes, el 21 de mayo, las fuerzas de Jartum ocuparon militarmente Abyei, una región de 10 mil kilómetros cuadrados declarada zona neutral en el Acuerdo General de Paz y sometida a un proceso de arbitraje en La Haya que delineó sus fronteras en 2009.

De acuerdo con denuncias de la etnia ngok dinka, los soldados sudaneses “mataron e hirieron a miembros de la comunidad, incendiaron y saquearon casas y provocaron el desplazamiento forzoso de más de 100 mil personas” en Abyei.

Finalmente, el 1 de septiembre de 2011, las fuerzas armadas sudanesas lanzaron una ofensiva en la provincia de Nilo Azul que colinda con Sudán del Sur y con Etiopía. Tomaron la capital regional, Ad Damazin, y depusieron al gobernador —miembro del brazo político del SPLA/Norte, que había sido elegido democráticamente— y no detuvieron los ataques hasta tomar el último reducto rebelde, Kurmuk, en la frontera etíope.

Estas tres acciones han provocado un número incalculable de muertos, así como medio millón de desplazados. Muchos de estos últimos han tenido que cruzar la frontera con Sudán del Sur y Etiopía para buscar refugio.

Las evidencias de los ataques de las fuerzas armadas sudanesas contra la población civil han sido difíciles de documentar en el lugar de los hechos, porque el régimen de Jartum ha impedido la presencia de organizaciones humanitarias internacionales y de periodistas.

Sin embargo, los refugiados que han podido llegar a campamentos al otro lado de la frontera, como Yida, en Sudán del Sur, y Sherkole, en Etiopía, han relatado cómo la población civil de Kordofán del Sur y Nilo Azul ha sido blanco de ataques en tierra y desde el aire.

Mahdi, uno de los refugiados nubios que llegaron a Yida relató a enviados de la organización no gubernamental estadunidense Enough, que presenció el asesinato de civiles en las calles de Kadugli, capital de Kordofán del Sur, y que en su huida fue testigo de cómo la fuerza aérea sudanesa dejó caer bombas desde aviones Antonov sobre diversos poblados.

El 10 de noviembre pasado, un avión sudanés tiró cuatro bombas sobre el campamento de Yida, ubicado en territorio de Sudán del Sur, a 11 kilómetros de la frontera. No hubo víctimas, pero una de las bombas dejó un cráter de dos metros de profundidad y otra cayó en las instalaciones de una escuela pero no explotó.

Asma, una refugiada de la provincia sudanesa de Nilo Azul, contó a los relatores de Enough que huyó a Etiopía en septiembre pasado cuando las fuerzas armadas sudanesas, apoyadas por milicias islamistas, ocuparon su pueblo, Um Darfa. “Iban por la calle, persiguiendo a la gente para capturarla y asesinarla”, narró la refugiada en el campamento de Sherkole.

Etiopía ha sido un país de refugio para los sudaneses desde los tiempos de las dos guerras civiles que vivió ese país.

En estos momentos hay 55 mil refugiados sudaneses en Etiopía, de los cuales 27 mil llegaron antes de la firma del Acuerdo General de Paz entre el norte y el sur y que no han querido repatriarse. Los 28 mil restantes ha llegado desde que el gobierno de Sudán emprendió ofensivas militares en Abyei, Kordofán del Sur y Nilo Azul.

A raíz de los ataques de las fuerzas armadas sudanesas contra refugiados en Sudán del Sur, las autoridades etíopes y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) decidieron mover a una parte importante de los recién llegados a un nuevo campamento, en Tongo, ubicado a unos 200 kilómetros de la frontera con Sudán.

“Los campamentos están a su máxima capacidad, pero estamos planeando nuevos asentamientos porque los refugiados sudaneses siguen llegando”, informa Kisut Gebre-Egziabher, de la oficina de ACNUR en esta capital, que también tiene a su cargo la protección de refugiados somalíes (191 mil), eritreanos (57 mil) y kenianos (3 mil) en Etiopía.

“Mucha gente que llega ha estado escondida en zonas apartadas y decidió cruzar la frontera cuando vieron que el conflicto no ha cesado. Y, efectivamente, los problemas en Sudán no han terminado.”

Al-Bashir, en la mira de la Corte Internacional

Las dos figuras centrales de la campaña militar del gobierno sudanés contra los rebeldes del Ejército para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte, emprendida en junio del año pasado, tienen orden de aprehensión girada por la Corte Penal Internacional (CPI).

Omar al-Bashir, presidente de Sudán, y Ahmed Haroun, gobernador de la provincia de Kordofán del Sur, son dos de las seis personas formalmente acusadas por el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos, a causa de su participación en los actos de genocidio en la región sudanesa de Darfur.

Creada hace una década, la CPI comenzó a investigar los hechos de Darfur en 2005, luego de recibir un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por 11 votos a cero y cuatro abstenciones, el Consejo refirió por primera vez un caso a la CPI y ordenó a todos los países cooperar con las pesquisas, incluido Sudán que no reconoce la jurisdicción de la Corte.

El conflicto en Darfur, que duró de 2003 a 2011, dejó entre 20 mil y 400 mil muertos y una cifra de desplazados estimada en 2.7 millones.

El gobierno sudanés ha sido acusado de propiciar, mediante su apoyo a la milicia árabe Yanyawid, el exterminio o expulsión de integrantes de las etnias no árabes fur, zaghawa y masalit. En respuesta a esa opresión, los grupos guerrilleros Movimiento por la Justicia y la Igualdad y Ejército para la Liberación de Sudán se enfrentaron con las fuerzas armadas sudanesas.

Omar al-Bashir es el primer jefe de Estado en funciones en ser acusado por el fiscal de la CPI. En 2009 se presentaron cargos en su contra por ataque contra la población civil, pillaje, asesinato, exterminio, desplazamiento forzado de personas, tortura y violación. En 2010, se le agregaron los cargos de genocidio, lesiones y propiciar condiciones de miseria.

Ahmed Haroun, ex ministro del Interior, es acusado de haber coordinado las acciones contrainsurgentes en Darfur y de haber provisto de armas a las milicias Yanyawid. Tiene 42 cargos formales presentados por la CPI en su contra. Entre ellos, ataque contra la población civil, actos inhumanos, asesinato, pillaje, tortura y destrucción de propiedad.

En mayo pasado, Haroun fue elegido gobernador de la provincia de Kordofán del Sur, pero los resultados oficiales de los comicios fueron puestos en entredicho por el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, brazo político del SPLA, la guerrilla que peleó durante dos décadas por la independencia del sur de Sudán.

Apenas la semana pasada, Haroun declaró a corresponsales extranjeros que Sudán no requería de ayuda internacional —ofrecida por la ONU, la Liga Árabe y la Unión Africana— para hacer frente a la crisis humanitaria en Kordofán del Sur, provincia de la que es gobernador.

El hambre y el desplazamiento de civiles en la zona son “efectos colaterales” del conflicto, dijo Haroun. “Déjenos parar la guerra para que podamos lidiar mejor con los efectos colaterales.”

Satélites vigilan excesos militares

El conflicto armado en el sur de Sudán ha dado lugar a un nuevo tipo de activismo: la observación desde el espacio.

Dado el hermetismo con el que el gobierno sudanés ha informado sobre la campaña militar que emprendió en junio pasado contra rebeldes en las regiones de Kordofán del Sur y Nilo Azul –Jartum no permite la entrada de periodistas y organizaciones humanitarias en esa zona–, los activistas preocupados por la suerte de los nubios y otras etnias atrapadas en la zona de conflicto utilizan imágenes de satélite para documentar los actos de genocidio que aparentemente tienen lugar en esos lugares.

La estrategia fue idea de George Clooney, el actor y director de cine estadunidense quien ha dado un seguimiento puntual a los hechos de violencia en Sudán. Habló con Google y la empresa DigitalGlobe para crear una red de vigilancia electrónica llamada Satellite Sentinel Project (SSP), a fin de documentar potenciales violaciones a los derechos humanos en Sudán.

El proyecto es financiado por Clooney y operado por estudiantes voluntarios bajo la supervisión de Nathaniel Raymond, un activista conocido por su trabajo con la organización Médicos por los Derechos Humanos. Raymond ha sido pieza clave para dar a conocer los abusos por parte de militares estadunidenses y de otros países en Afganistán.

Ubicada en Cambridge, el suburbio de Boston famoso por ser la sede de la Universidad de Harvard, el SSP revisa imágenes satelitales de la zona del conflicto para determinar las maniobras de las fuerzas armadas sudanesas y las milicias islamistas que apoyan su campaña.

El trabajo del SSP ha permitido localizar fosas en las cercanías de Kadugli, la capital de Kordofán del Sur, donde probablemente hayan sido enterradas las víctimas de la represión que comenzó el 5 de junio del año pasado. En Kadugli existen versiones que no han sido totalmente aclaradas sobre la desaparición, el 20 de junio, de unos siete mil nubios que se encontraban en un campamento para personas desplazadas manejado por Naciones Unidas. Antes de los hechos, el gobierno sudanés había ordenado la salida de organizaciones humanitarias en la zona.

El SSP también ha documentado el vuelo de aviones Antonov, usados por las fuerzas armadas sudanesas para bombardear comunidades en los Montes Nuba y otras partes del sur de Sudán.

En septiembre pasado, una serie de imágenes satelitales de la provincia de Nilo Azul reveló que los militares sudaneses se aprestaban para atacar Kurmuk, el último bastión rebelde, en la frontera con Etiopía. Las fotografías dejaron ver tanques, helicópteros y piezas de artillería, así como un contingente de miles de soldados.

Conocida esta información se pudo enviar una alerta a la población de Kurmuk para que huyeran del lugar antes del ataque. Muchos habitantes de esa zona han cruzado la frontera y hoy están a salvo en campamentos de refugiados en este país.

Ataca a la ONU

La aviación sudanesa bombardeó el domingo en la noche un campamento de soldados de la fuerza de paz de la ONU en un Estado fronterizo con Sudán del Sur, informaron ayer dirigentes sursudaneses, la ONU y el gobierno de Estados Unidos.

El ataque, que no causó víctimas en el campamento en la pequeña población de Mayom, situada en el Estado de Unidad, fue desmentido más tarde por el gobierno sudanés, rechazando la confirmación de la ONU.

Por otra parte, el Parlamento sudanés adoptó ayer por unanimidad una resolución por la que declara “enemigo” al gobierno de Sudán del Sur, tras la toma de control por parte de las tropas sursudanesas de la zona fronteriza de Heglig, principal campo petrolero de Sudán.

Publicado originalmente aqui.